Una ley busca reducir el poder de acción de la policía de Río Negro

La policía de Río Negro perderá su principal herramienta para operar en la vía publica. Es que un proyecto de ley busca suprimir el popular artículo 38 de Código Contravencional que se elaboró durante un gobierno de facto y que permite a la fuerza ejecutar arbitrarias detenciones.

El argumento de escándalo en la vía pública, que desliza el mencionado artículo, se ha utilizado hasta el cansancio por parte de los uniformados para detener y demorar a personas en la calle. Muchas veces se invoca ese fragmento para cometer abusos de autoridad. Incluso el ciudadano puede recibir hasta 10 días de arresto si cuenta con el aval de la justicia de Paz.

El expediente ingresó a la Legislatura en diciembre del año pasado con autoría del oficialismo con lo cual tiene grandes chances de aprobarse. El nuevo estatuto contravencional se forja desde un paradigma moderno, muy lejos de la realidad que se vivía a fines de la década del 60 cuando se implementó durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía.

Hasta hoy, al menos en Río Negro, aunque se extiende a la mayoría de las provincias, las fuerzas de seguridad mantienen las mismas facultades que en esa época. A los ojos de la actualidad parecen surrealistas.

Claro, el proyecto es mucho más ambicioso, incluso incorpora el acoso callejero, conforme Ley Nacional N° 27.501, como modalidad de violencia a la mujer y se castiga porque afecta la dignidad y los derechos fundamentales de la persona acosada.

Pero el recorte del “38” tiene mucho interés, especialmente en Cipolletti donde días atrás se efectuó una violenta detención contra una mujer en la vía pública por tenencia de marihuana. El caso causó malestar no solo en el Poder Judicial sino en la Secretaria de la Niñez.

Por varias razones: la joven padecía epilepsia y tenia un permiso nacional para producir y consumir cannabis medicinal. Su pequeña hija de cinco años quedó en la vía publica desamparada. Mientras, la madre fue trasladada en una patrullero de la comisaria 24 y luego hubo un allanamiento ilegal, sin autorización judicial.

Se confirmó además que la policía no está capacitada para actuar sobre la normativa que regula el cannabis medicinal.

La Secretaria de la Niñez (Senaf) pidió explicaciones y una reunión con la regional quinta, pero no obtuvo respuestas. Nadie del Ministerio de Justicia de la provincia se refirió al tema. Río Negro intentó tener la voz de la la responsable de la cartera Betiana Minor pero no quiso dar declaraciones.

Durante la semana, la fuerza policial presentó la contravención en el juzgado de Paz de Cipolletti, alegando que la mujer generó disturbios en la vía pública. Sin embargo, la jueza interviniente lo desestimó categóricamente. No hubo tal resistencia ni riesgo para las personas que circulaban por el sector.

No es la primera vez que la justicia rionegrina desoye un pedido policial escudado en este artículo. Ocurrió en un caso en Catriel que culminó con la condena a tres policías por vejaciones.

El video de la detención en Cipolletti tomó rápidamente estado público en las redes sociales y llegó a los medios nacionales. Se observa en la grabación como una policía forcejea alrededor de ocho minutos con una mujer para introducirla dentro del patrullero.

El responsable de la Regional Quinta, Daniel Uribe, con jurisdicción desde Catriel a Fernández Oro, explicó que la detención fue por desorden en la vía pública.

Sin embargo, la joven madre fue detenida por la tenencia de hojas de cannabis. Al menos eso confirmó el titular de la comisaría 24, Néstor Montero, quien contradijo al máximo jefe policial d ella zona.

En todo ese procedimiento realizaron un allanamiento ilegal y destrozaron la puerta de una vivienda para llevarse también a un testigo que filmaba. El hombre que acompañaba a la mujer también corrió la misma suerte.

Ahora la pelota está del lado del Ministerio Público Fiscal que tiene entre sus manos la denuncia por abuso de autoridad que inició la mujer.

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Los argumentos del proyecto

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Los legisladores Lucas Pica y Facundo López, hombres fuerte del oficialismo provincial, admitieron en el proyecto que la ley contravencional actual “responde a un modelo agotado, ineficiente e incompatible con el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”.

Por ello pretenden implementar políticas de seguridad que garanticen el uso del espacio público en forma igualitaria y una convivencia social basada en el respeto de los derechos.

Indicaron que el código contravencional vigente refleja valores y principios totalmente distintos a los actuales. Pusieron como ejemplo la necesidad de requerir autorización previa para realizar una reunión pública, utilizar vestimentas contrarias a la decencia publica, transitar en la vía publica en estado escandaloso, “llegando al extremo de sancionarse a la homosexualidad, la mendicidad y la vagancia”, dice el texto del proyecto.

Entre las razones, los legisladores, ambos abogados, consideraron que muchos de los artículos ya cuentan con un tipo penal especifico en el código nacional y también alegaron que deben adaptar el sistema contravencional al paradigma del nuevo código procesal.

Entre los objetivos se admite que el proyecto está orientado a “controlar el empleo del poder punitivo contravencional y posibilitar que opere como una herramienta de pacificación comunitaria”.