En sus alegatos finales, el Ministerio Público cuestionó la falta de controles técnicos en la ejecución del programa habitacional durante la gestión del exintendente de Fernández Oro. Mientras que la defensoría sostuvo que la imputación “no tiene sustento lógico ni jurídico” y que, luego de pericias y audiencias, "no se acreditó la existencia de un delito".