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En abril vencerá la vigencia de la última prórroga otorgada a la ley de emergencia frutícola. La senadora Silvina García Larraburu junto a Alberto Weretilneck, presentó un pedido de extensión de la medida por otro año. Si no prospera, el sector frutícola deberá hacer frente al pago de 3.000 millones de pesos por los diferimientos impositivos de los últimos años.
