Techo Digno: dos jueces resuelven hoy si hay más imputados

Hoy habrá dos resoluciones frente a los pedidos de los fiscales para imputar por “defraudación a la administración pública” a tres ex intendentes por las investigaciones de Techo Digno. Se conocerán al mediodía por parte de los jueces Julio Martínez Vivot en Roca y Juan Brussino en Viedma.

El primero resolverá en relación a planes de viviendas de Cervantes y la acusación fiscal planteada el martes contra el ex jefe comunal Gilberto Montanaro y, los constructores Néstor Sarasola (Eraiki) y Jacobo Baskir (Baskir).

El segundo deberá hacerlo por el debate de ayer en Viedma, en ocasión que los fiscales Graciela Echegaray y José Chirinos acusaron a los ex mandatarios de Conesa y de San Antonio, Alejandra Mas y Javier Iud, y al titular de la constructora Oriente, Juan Castelli.

En la circunscripción de Viedma quedó para el próximo miércoles otra audiencia por las viviendas de Sierra Grande, con citaciones para el jefe comunal Renzo Tamburrini y el empresario Guillermo Gazzia.

La de ayer fue la segunda jornada y, el martes, la jueza María Gadano ya aceptó que se avance en las imputaciones contra los ex jefes comunales de Choele Choel, Daniel Belloso y de Río Colorado, Carlos Pelotti, como también, Luis Ivancich, que sigue al frente del municipio de Godoy.

Las acusaciones se concentran en el manejo de fondos de Nación para las construcciones de barrios, con envíos realizados -mayormente- entre el 2013 y 2015.

A Mas, Chirinos la responsabilizó por el pago de más a Oriente por la ejecución de los planes de 31 y de 34 viviendas en Conesa, con transferencias por más de 25,7 millones, mientras que a Iud se lo acusa de igual situación por el plan de 102 unidades en San Antonio.

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El lunes se cumplirá la audiencia por los barrios de Bariloche y, el martes, en Cipolletti, por los planes de Cinco Saltos, Campo Grande y Fernández Oro

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El núcleo de la acusación fiscal se sostiene que los montos enviados por Nación a los municipios se originan en una certificación de avance falseada, y que la posterior información técnica sobre el nivel de las construcciones confirma que eran inferiores a lo pagado a las empresas.

El abogado Damián Torres, defensor de Iud y Mas, exigió un análisis total porque el plan Techo Digno comprende viviendas pero, también, la infraestructura y la redeterminación de los costos, que no tuvieron financiamiento nacional, a pesar de los acuerdos firmados. Ese encuadre se orienta a que parte de los recursos recibidos se utilizaron en esos esos dos conceptos. La conclusión de la defensa: “todo el dinero está en las viviendas”.

La fiscal Echegaray contrarresta que el enfoque es parcial porque las transferencias respondían a la operatoria de las viviendas, insistiendo en el origen de las transferencias con la utilización de certificaciones falsas.

Otro contrapunto entre Torres y Echegaray estuvo cuando el primero insistió que estas causas por las ejecuciones de Techo Digno sólo existen en Río Negro y la funcionaria aseguró de investigaciones similares en barrios en municipios de Buenos Aires, en Jujuy y en Corrientes. También la fiscal aludió a otros de casos en Río Negro donde no hubo obras de viviendas, a lo cual, el defensor aclaró que debe ser la situación de Bariloche pero, “acá, -diferenció- estamos con las situaciones de Conesa y San Antonio”.

José Merlotti, defensor de Castelli, insistió no existieron transferencias indebidas y negó cualquier falsedad de documentación de parte del constructor. Así, adhirió al pedido de sobreseimientos planteado por Torres para Iud y Más.

Al cierre de la audiencia virtual, el juez Brussino otorgó la palabra a Castelli y ambos ex intendentes. A su turno, la conesina reiteró que la causa “es política” para “acallar a la oposición” y resaltó que los planes de viviendas dieron “casa propia” a 122 familias de Conesa. Además, recordó que los fiscales “no tuvieron en cuenta” que el municipio de Conesa remitió 3,6 millones de fondos de Techo Digno al IPPV para su conclusión.

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Castelli: “Seguí todo el camino que me dijeron todas las autoridades”

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El empresario Juan Castelli se mostró afectado y narró que su constructora avanzó con la infraestructura en Conesa y San Antonio porque era necesaria y estaba el convenio de financiamiento, pero “después no llegó y el nuevo gobierno nacional (de Mauricio Macri) decidió no hacerlo. Tuve que desenterrar 8 kilómetros de caños y devolverlos”, contó en referencia a un gasoducto que se preveía para San Antonio.

“Seguí todo el camino que me dijeron, todas las autoridades”, manifestó. Su empresa ejecutó también viviendas en Viedma del mismo plan y contrapuso que Nación dispuso recursos para concluir ese barrio en “un municipio de Cambiemos. No era para todos iguales”.

Repasó la peregrinación judicial, con un embargo de más de un año de la Justicia Federal. “Nos dejaron fuera del sistema”, dijo. Lo diferenció con otros expedientes tramitados por distintos juzgados federales que no paso nada, a diferencia de Claudio Bonadio que los remitió a los tribunales provinciales.

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Iud y las “truchadas” de Guillermo Moreno

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En su exposición, el ex jefe comunal y ex legislador Javier_Iud describió la particularidad de los convenios firmados con Nación, pues solo eran para viviendas, y no se incluían a las obras complementarias. Recordó al secretario de Comercio, Guillermo Moreno para hablar del contexto de ese momento y, para eso, Iud dijo que “alteraba hasta el Indec, negaba y truchaba la inflación” entonces los valores en las construcciones “estaban subvaluados”.

También resaltó la intencionalidad política de la gestión de Mauricio Macri al favorecer a “los municipios de Cambiemos” –como Viedma- en el financiamiento para que concluyan con sus planes habitacionales mientras para las gestiones “peronistas, ni Justicia”, aludiendo también a la direccionalidad de las denuncias penales, que se iniciaron en los juzgados federales.